Unas 40 páginas serán denunciadas en los primeros días de aplicación
Los primeros cierres de webs se esperan tan pronto como a finales de marzo; el proceso, cuya dilatación en el tiempo se pretendía evitar, puede tomar entre 20 días y tres meses como máximo. En ese intervalo se aplicará, como ya diseñó el anterior Ejecutivo socialista antes de renunciar en los estertores de su mandato a desarrollar el reglamento, un procedimiento mixto administrativo-judicial en el que la intervención del juez puede ser solicitada en dos momentos: al principio, a la hora de identificar al posible infractor (tarea para la que se requerirá la ayuda de las operadoras), y al final, en el momento de ejecutar la interrupción del servicio o la retirada de los contenidos sujetos a derechos de autor. Si llegara a producirse, el cierre de la web infractora o la suspensión del servicio solo afectará a sitios españoles (también se podrá bloquear el acceso desde España a portales extranjeros) y tendrá efecto durante un año, salvo si el titular de la página cumple antes con las exigencias de la ley.
Desde la industria y las entidades de gestión saludan la entrada en vigor de la norma y hacen énfasis en la necesidad de utilizar este mecanismo de manera permanente. Con todo, nadie niega el carácter simbólico de las primeras denuncias. "Esto va a ser algo continuo. Si funciona —y esperemos que lo haga— es una herramienta que vamos a utilizar", apunta José Manuel Tourné, presidente de la Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual (FAP).
Una página del Ministerio de Educación y Cultura, la llamada Sede Electrónica de la Secretaría de Estado de Cultura (https://sede.mcu.gob.es) es la puerta de acceso para iniciar los trámites de denuncia. Para entrar en ella será necesario contar con un DNI electrónico u otro tipo de certificado de los reconocidos por la Administración.
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